Título: Pesca industrial: el incumplimiento de convenios colectivos amenaza el trabajo, las exportaciones y la soberanía nacional

Por Guzmán Acosta y Lara Romero Abogado – Especialista en Derecho Laboral

Uruguay atraviesa un nuevo conflicto en el sector pesquero industrial, con un paro sindical que ha paralizado buques, frenado la operativa de las plantas procesadoras y afectado seriamente el cumplimiento de contratos de exportación. Pero este conflicto excede la coyuntura: lo que está en juego es el respeto a las reglas de juego, el cumplimiento de los convenios colectivos, el futuro del empleo en el sector y la soberanía sobre nuestros recursos naturales.

El centro del problema es claro: un convenio colectivo vigente, firmado por las partes en el ámbito del Consejo de Salarios, ha sido desconocido de hecho por el sindicato, que ha decidido interrumpir unilateralmente las tareas. Esta decisión —más allá de cualquier legítimo reclamo laboral— rompe con el principio de buena fe que debe regir toda negociación colectiva y viola directamente lo establecido en la Ley N.º 18.566, que otorga fuerza legal a los convenios celebrados entre sindicatos y empleadores.

Convenios colectivos: lo que se firma se debe cumplir

En un sistema democrático de relaciones laborales, los convenios colectivos no son meras declaraciones de intención: son compromisos jurídicamente vinculantes. Su cumplimiento garantiza condiciones laborales dignas para los trabajadores y paz social para las empresas.

Una cosa es negociar mejoras; otra, incumplir lo pactado. Cuando un sindicato desconoce un convenio firmado, no solo erosiona su credibilidad institucional, sino que genera graves consecuencias económicas y jurídicas. Es necesario que el ordenamiento jurídico imponga sanciones efectivas a quienes incumplen deliberadamente lo que firmaron, porque lo contrario equivale a fomentar la impunidad.

Romper un convenio vigente es romper las reglas de juego. Y cuando las reglas no se respetan, las relaciones laborales se tornan inestables, la inversión se retrae y la seguridad jurídica se deteriora. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social tiene aquí un rol insoslayable: debe actuar no solo como mediador, sino como garante del cumplimiento del derecho. 

La pesca que no se realiza, la pesca que se pierde

El impacto de este conflicto va mucho más allá de las partes involucradas. Mientras los barcos uruguayos están detenidos en puerto, los recursos del mar —merluza, calamar, corvina— siguen su curso natural y son capturados por flotas extranjeras, muchas veces de forma clandestina o en los márgenes de la legalidad.

Esto implica una pérdida directa de soberanía sobre nuestros recursos naturales. Al no ser pescados por nuestra flota ni procesados por nuestra industria, terminan beneficiando a terceros países. Uruguay pierde divisas, pierde trabajo y pierde control sobre su propio mar.

Este no es un tema menor. Los recursos pesqueros, como bien señala el informe de CERES (Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social), son estratégicos para el país, y deben ser gestionados con visión productiva y soberana. Vivir de espaldas al mar, como ha hecho históricamente Uruguay, es una forma de desaprovechar una fuente de desarrollo nacional.

Cifras que alarman

Los datos son elocuentes:

• En 2023 Uruguay exportó 64.889 toneladas de productos pesqueros por un valor de US$ 134,9 millones.
• En los primeros siete meses de 2024, los envíos cayeron a US$ 93,6 millones, una caída de más del 30 %.
• La flota industrial uruguaya tiene hoy 54 buques, con una antigüedad promedio superior a los 35 años.
• El empleo directo en el sector pasó de 3.000 personas en 2011 a apenas 1.600 en 2022.

Las principales plantas procesadoras, ubicadas en Montevideo y el interior del país, operan muy por debajo de su capacidad. La falta de faena por paros prolongados genera despidos, suspensiones y pérdida de productividad, mientras los contratos internacionales se incumplen y los compradores buscan proveedores más estables.

CERES: el mar como oportunidad estratégica

Según el informe de CERES, Uruguay podría aumentar en más de un 100 % su producción pesquera actual, sin afectar la sostenibilidad ambiental. Esto generaría más de 2.000 nuevos empleos directos, incrementaría los ingresos por exportación en US$ 200 millones anuales, y elevaría la masa salarial en más de US$ 5 millones por año.

Pero para lograr ese potencial, es indispensable un marco de estabilidad institucional, cumplimiento de convenios colectivos, modernización de la flota y eficiencia administrativa. Cada día de paro cuesta a la industria decenas de miles de dólares, y en algunos casos la suspensión completa de viajes implica pérdidas superiores a US$ 80.000.

Uruguay necesita una mirada proactiva hacia el mar. Debe dejar de considerarlo como una frontera lejana y empezar a verlo como un espacio de soberanía productiva, exportadora y laboral.

Conclusión

El conflicto actual en la pesca no es un episodio aislado. Es el reflejo de una crisis más profunda: la pérdida de institucionalidad en las relaciones laborales, la falta de cumplimiento de lo firmado, y la ausencia de una política de Estado hacia el mar.

Cumplir los convenios colectivos es una obligación legal, no una opción. Y su incumplimiento —por parte de empleadores o sindicatos— debe tener consecuencias. Solo así se puede preservar el orden, promover la inversión y proteger el empleo.

Uruguay necesita reglas claras, respeto a los acuerdos, visión de futuro y compromiso con sus propios recursos. Solo así podrá recuperar su lugar en el mapa pesquero global, con empleo de calidad, exportaciones sostenidas y soberanía reafirmada.